La fianza es un pago o depósito de dinero que se utiliza como garantía para liberar a un inmigrante detenido. Al pagar la fianza se crea una expectativa de que el inmigrante, ahora liberado, comparecerá a su proceso de remoción ante un juez de inmigración.
La oficina encargada de mantener detenido a un inmigrante es el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security o DHS). Estos son los encargados de determinar a qué detenido se le va a otorgar una fianza para ser liberado y la cuantía a pagar. La ley establece que la fianza no debe ser menor de $1,500, pero no tiene un máximo. Si el detenido no está de acuerdo con la fianza ofrecida por DHS, este puede solicitar una revisión ante el juez de inmigración.
No obstante, a pesar del orden mencionado anteriormente, en muchas ocasiones DHS no ofrece una fianza y coloca al detenido en procedimientos de remoción directamente ante el juez sin haberle ofrecido una fianza inicial. En este tipo de situación el detenido solo tendrá la oportunidad de pedir una fianza frente al juez.
La fianza puede puede ser pagada por cualquier persona mayor de 18 años y que cuente con estatus legal en los Estados Unidos. Por lo regular, muchas personas y familiares aportan dinero para pagar la fianza. Lo importante es que la persona que haga el deposito cumpla con los requisitos de edad y estatus legal.
Al momento de conceder una fianza, los oficiales de DHS y el juez de inmigración basan su decisión en los siguientes 3 elementos:
El hecho de que se otorgue una fianza no significa que el inmigrante ya culminó con su proceso migratorio. Al contrario, al ser otorgado una fianza significa que el inmigrante ha sido puesto en un proceso de remoción ante un juez y la fianza es la garantía de sus comparecencias.
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